Inspecciones y multas a pisos turísticos por comunidad (2026)

Cada pocas semanas una consejería anuncia un récord de inspecciones a pisos turísticos, y cada anuncio usa una medida distinta: actuaciones en una comunidad, expedientes en otra, viviendas canceladas del registro en una tercera. Nadie suma. No hay una estadística estatal, y las diecisiete comunidades, que tienen la competencia, publican balances cuando les conviene y con el corte que les conviene.

Esta página junta lo que cada administración ha publicado sobre su propia actividad inspectora y sancionadora de viviendas de uso turístico, con la fuente de cada cifra, el periodo al que se refiere y una advertencia sobre qué se puede comparar y qué no. Está pensada para quien opera alojamiento y quiere saber cuánto aprieta su comunidad, y para quien escribe sobre el tema y necesita el dato con su origen.

Cuántas inspecciones a pisos turísticos hay en España: no existe la cifra

La competencia sobre alojamiento turístico es autonómica, y la inspección y la sanción van con ella. El Tribunal Supremo lo recordó al anular el registro único estatal de alquileres precisamente por falta de título competencial del Estado. Cada comunidad tiene su ley de turismo, su cuerpo de inspectores, su régimen de multas y su manera de contar.

El resultado es que las cifras que circulan no son comparables entre sí sin cuidado. Una “actuación” en Mallorca es una visita de inspección; un “expediente” en Cantabria puede acabar en archivo; una “cancelación” en Andalucía es una baja registral que no lleva multa. Y hay comunidades con actividad inspectora real que simplemente no publican balance, así que su ausencia en la tabla dice algo de su transparencia y nada de su inspección.

Lo que sí existe es una serie estatal indirecta, la del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que no mide inspecciones sino solicitudes de registro rechazadas, y que sirve como mapa de dónde el Estado ha señalado oferta irregular. Está en su propia sección más abajo.

Tabla: inspecciones, expedientes y multas a pisos turísticos por comunidad autónoma

La tabla recoge la última cifra publicada por la administración competente de cada comunidad. La columna Fuente dice de qué documento sale cada fila. Donde una casilla dice “no publicado” es que la administración ha difundido otros datos pero no ese; donde la fila entera dice “sin balance” es que no ha publicado ninguno.

Una fila necesita una aclaración de origen. La de Asturias procede del Diario de Sesiones de la Junta General del Principado: la comparecencia de la consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ante la Comisión de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, y de Vicepresidencia, el 27 de noviembre de 2025. Sus cifras de 2025 son acumuladas a esa fecha, no el cierre del año. La de Cantabria procede de las declaraciones del consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, a los medios el 3 de julio de 2025, recogidas por El Diario Cantabria, porque el Gobierno cántabro no las publicó como nota propia.

Comunidad de Madrid: 588 inspecciones en 2025 y sanción en el 85,71% de los casos

Madrid es la comunidad que publica la serie más limpia, y por eso encabeza la tabla aunque no sea la que más inspecciona. Su Dirección General de Turismo y Hostelería hizo 481 inspecciones a viviendas de uso turístico en 2024 y 588 en 2025, un 22,3% más. La tasa de sanción es la más alta de las publicadas: el 90% de las inspecciones de 2024 terminó en sanción, y el 85,71% de las de 2025.¹

El dato que más ha crecido no es la inspección sino la baja: 1.153 viviendas de uso turístico dadas de baja en 2024 y 3.053 en 2025, un 164,8% más. Buena parte se explica por el cruce con el registro y por los nuevos requisitos del Decreto 27/2026, que obliga a las viviendas ya inscritas a adaptarse antes del 26 de abril de 2029. El importe total de sanciones en los dos ejercicios ronda el medio millón de euros.

Mallorca: 3.043 actuaciones y 10 millones de euros propuestos en 2025

En Baleares la competencia de ordenación turística es insular, así que el balance lo da cada consell y no el Govern. El de Mallorca cerró la campaña de verano de 2025, iniciada el 15 de mayo, con 3.043 actuaciones en toda la isla, un 19,1% más que en 2024 y más del triple que en 2023. De ellas, 1.659 fueron visitas a oferta ilegal, frente a 593 en el verano de 2023.²

Lo llamativo no es el número de expedientes, 180 frente a 179 el año anterior, sino su importe y su resolución: las sanciones propuestas en los expedientes abiertos en 2025 suman 10,05 millones de euros, y el departamento resolvió unos 221 expedientes, el triple que un año antes. A eso se añaden más de 4.400 anuncios retirados de las plataformas por carecer de número de registro, que el Consell cifra en más de 20.000 plazas. Desde junio de 2026 la Ley 4/2026 permite además multas coercitivas de 500 a 5.000 euros al día mientras un anuncio ilegal siga activo, así que la cifra de 2026 se medirá con otra vara.

Los consells de Eivissa y Menorca ejercen la misma competencia en sus islas y no han publicado un balance comparable.

Barcelona: 8.500 inspecciones municipales y 849 restituciones en 2025

En Cataluña la Generalitat no ha publicado un balance de inspección de viviendas de uso turístico en 2025 ni en 2026; sus notas sobre inspección se refieren a la contención de rentas en zonas de mercado tensado, que es otra materia. La cifra disponible es municipal: la Dirección de Servicios de Inspección del Ayuntamiento de Barcelona realizó más de 8.500 inspecciones en 2025, que dieron lugar a 577 expedientes sancionadores y 849 expedientes de restitución, la figura con la que la ciudad ordena devolver un piso al uso residencial. Hasta el 5 de junio de 2026 llevaba 3.156 inspecciones, 282 expedientes sancionadores y 192 de restitución.³

El Ayuntamiento cuenta más de 6.600 pisos turísticos ilegales recuperados para el mercado residencial en diez años. Es la administración local con más actividad publicada de toda España, y el contexto lo explica: las licencias HUT de Barcelona caducan en 2028 y la ciudad ha hecho de la inspección su herramienta principal.

Asturias: de 248 a 2.622 inspecciones de VUT en dos años

Asturias es el caso de crecimiento más brusco de la tabla. Las inspecciones específicas a viviendas de uso turístico pasaron de 248 en 2023 a 1.825 en 2024 y a 2.622 acumuladas al 27 de noviembre de 2025, sobre unos totales de 1.230, 3.366 y 4.957 actuaciones. Las dio la consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ante la comisión parlamentaria de su ramo ese día⁴. Los expedientes sancionadores de viviendas turísticas fueron 62 en 2023, 117 en 2024 y 253 a esa fecha de 2025.

Sobre el conjunto del sector turístico las inspecciones pasaron de 1.230 en 2023 a 4.957 en 2025, y los expedientes de 525 a 646. El Principado atribuye el salto a un servicio de inspección y disciplina ampliado hasta 16 personas y a herramientas de rastreo online; en la misma comparecencia se citaron 89 anuncios irregulares retirados de Airbnb y Booking.

Andalucía: casi 10.600 viviendas de uso turístico canceladas desde febrero de 2024

Andalucía es la comunidad con más viviendas de uso turístico inscritas de España, y su dato de referencia no es la inspección sino la cancelación registral. Desde febrero de 2024, mes en que empezó a aplicarse el Decreto 31/2024, la Junta había cancelado casi 10.600 viviendas de uso turístico del Registro de Turismo de Andalucía a 18 de septiembre de 2025, entre cancelaciones a instancia del titular y de oficio.⁵

Conviene leer la cifra por lo que es. Una cancelación de oficio retira la inscripción de una vivienda que no cumple los requisitos, pero no es un expediente sancionador ni lleva multa por sí misma. La Junta no ha publicado el número de inspecciones presenciales ni de expedientes sancionadores del periodo; sí ha descrito su método, con una unidad de rastreo automatizado de anuncios sin número de registro y convenios con ayuntamientos como Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz y Jerez.

Comunitat Valenciana: un 33% más de inspecciones a viviendas turísticas en 2024

La Generalitat Valenciana publica el balance de su Plan de Inspección con un año de retraso, así que el último cerrado es el de 2024, presentado el 18 de julio de 2025. Ese año las inspecciones a viviendas de uso turístico crecieron un 33% respecto a 2023, el programa específico de intrusismo y economía sumergida en viviendas turísticas sumó más de 450 actuaciones, y el Registro de Turismo registró más de 11.000 bajas en una depuración masiva.⁶

El Plan de 2025 introdujo inspecciones aleatorias a viviendas turísticas para comprobar la declaración responsable, la referencia catastral individualizada y el informe municipal de compatibilidad urbanística que exige el Decreto ley 9/2024. Su balance no está publicado. Desde ese decreto ley, además, la Generalitat puede delegar la potestad sancionadora en los ayuntamientos que lo pidan, y València, Benidorm y otros municipios se han adherido, así que parte de la actividad futura aparecerá en balances municipales.

País Vasco, Galicia, Navarra, Murcia y Cantabria: balances parciales

Cinco comunidades han publicado cifras que no forman una serie pero sí dan la escala.

País Vasco: más de 2.300 inspecciones y 550 expedientes en tres años

El consejero de Turismo, Javier Hurtado, cifró en el Parlamento Vasco en mayo de 2025 la actividad de los tres años anteriores: más de 2.300 inspecciones y más de 550 expedientes sancionadores.⁷ Tras la entrada en vigor, el 1 de julio de 2025, de la obligación de mostrar el número de registro en los anuncios, el Gobierno Vasco anunció en octubre cerca de 500 registros de viviendas revocados y más de 700 anuncios ilegales retirados a través de Kontsumobide.⁸

Galicia: unas 4.000 actuaciones de inspección turística al año

La Xunta no desglosa las viviendas de uso turístico. Su cifra pública es que la inspección turística realizó unas 4.000 actuaciones en 2024 sobre todos los sectores, incluidas las viviendas, dentro de su plan anual.⁹ El dato se publicó en junio de 2025 en respuesta al Ministerio de Consumo, que había cifrado en más de 9.500 las viviendas turísticas irregulares en Galicia, una cifra que la Xunta rechaza. Los balances específicos de Galicia son otros: el canal de comunicación Turespazo y el registro de empresas turísticas, no la inspección.

Navarra: 71 actuaciones, 41 expedientes y 5.000 euros de multa media

Navarra publicó en abril de 2026 el balance de 2025: 71 actuaciones contra alojamiento sin registrar, concentradas en Pamplona y su comarca, 41 expedientes sancionadores abiertos y 32 resueltos con multas de unos 5.000 euros de media. El 52% de las actuaciones empezó con una denuncia ciudadana, y desde abril de 2026 el Plan de Inspección Turística 2026-2027 admite denuncias anónimas.¹⁰

Región de Murcia: 1.200 viviendas detectadas online y 2.000 anuncios retirados

Murcia trabaja sobre todo en el rastreo de anuncios. Su unidad online de inspección turística detectó más de 1.200 viviendas de uso turístico irregulares en dos años, y el convenio con Airbnb permitió retirar unos 2.000 anuncios de alojamientos sin número de registro o con número incorrecto, según el balance de septiembre de 2025.¹¹ El número de expedientes sancionadores del periodo no se ha publicado.

Cantabria: 90 expedientes de viviendas turísticas en 2024 y 150.000 euros

En Cantabria las cifras las dio el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, a preguntas de los medios el 3 de julio de 2025, en la presentación del Decreto 50/2025: 90 expedientes sobre viviendas de uso turístico abiertos en 2024, 84 con sanción y 150.000 euros recaudados; en 2025, hasta esa fecha, cerca de 100 inspecciones y 11 denuncias.¹² La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2025 elevó las cuantías un 150%, con infracciones muy graves de hasta 75.000 euros, y el Gobierno anunció cinco inspectores más.

Comunidades sin balance publicado: Canarias, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja

Seis comunidades no han publicado ninguna cifra de inspecciones o sanciones a viviendas turísticas que pueda datarse en 2024, 2025 o 2026.

Canarias es el caso más relevante por volumen, porque es la tercera comunidad con más registros revocados por el Ministerio. Su Ley 6/2025, de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, en vigor desde diciembre de 2025, traslada la comprobación a los cabildos, que deben aprobar en seis meses un plan de control de todas las declaraciones responsables anteriores a la ley, y a los ayuntamientos, con planes de inspección de hasta cuatro años.¹³ Hasta que esos planes den resultados no habrá cifra insular ni autonómica.

Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja tienen régimen sancionador y servicio de inspección, pero ni sus portales de transparencia ni sus notas de prensa recientes contienen un balance. Extremadura publicó uno en la anterior legislatura, con 406 viviendas localizadas y 14 expedientes, que ya no está disponible en la web de la Junta y no se incluye por eso.

Lo que el Ministerio de Vivienda ha comunicado por comunidad: 86.275 registros revocados

La única serie con la misma medida para toda España la publicó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana el 2 de febrero de 2026: 86.275 solicitudes de número de registro de alquiler de corta duración revocadas por no cumplir los requisitos, que el Ministerio notificó a las plataformas para que retiraran los anuncios.¹⁴

Esta tabla no mide inspecciones. Mide solicitudes de un registro que el Tribunal Supremo anuló en mayo de 2026, y una solicitud revocada no equivale a una vivienda ilegal: incluye errores de tramitación y titulares que no completaron el expediente. Con esa cautela, sirve para una cosa: comparar el tamaño del problema que el Estado señaló en cada territorio con la actividad que ese territorio publica. Canarias, con 13.726 registros revocados y ningún balance autonómico, es la distancia más grande de la lista.

Inspección, expediente, sanción y cancelación no son lo mismo

Antes de comparar dos filas de la tabla conviene tener claro qué cuenta cada una.

1. Una inspección o actuación es una visita o comprobación. Puede terminar sin consecuencias. Mallorca y Barcelona cuentan visitas; Madrid cuenta inspecciones cerradas con resultado.
2. Un acta de infracción documenta lo que el inspector encontró. Es el paso previo al expediente, y no todas las actas lo abren.
3. Un expediente sancionador es el procedimiento. Se resuelve meses después, con sanción o con archivo, y a veces en un ejercicio distinto de aquel en que se abrió. Por eso Mallorca puede resolver 221 expedientes en un año en que abrió 180.
4. El importe “propuesto” es la suma de las sanciones que la administración plantea al abrir el expediente. El importe recaudado es lo que finalmente se cobra tras alegaciones, reducciones por pago voluntario y recursos, y suele ser bastante menor. Los 10,05 millones de Mallorca son propuestos; los 150.000 euros de Cantabria son recaudados.
5. Una cancelación o baja registral retira la inscripción de la vivienda. No es una multa. Las 10.600 de Andalucía y las 3.053 de Madrid miden depuración del registro, no sanción.
6. Los datos municipales (Barcelona, y pronto los ayuntamientos valencianos y canarios) no se suman a los autonómicos, porque son administraciones distintas actuando sobre el mismo territorio.

Y el sesgo de fondo: las comunidades publican cuando el dato les favorece. Un balance con récord de inspecciones sale en nota de prensa; un año flojo no. Que una comunidad no aparezca en la tabla no significa que no inspeccione, y que aparezca con cifras altas no significa que sea la más estricta, solo la más comunicativa.

Qué comprueba una inspección de turismo y qué queda fuera

Para quien opera con licencia, todas estas cifras miden un riesgo que le afecta de refilón: el grueso de los expedientes se abre a viviendas sin título habilitante o sin número de registro en los anuncios. La lista de comprobación de un inspector autonómico es corta y está en qué mira un inspector de turismo: licencia o declaración responsable vigente, número de registro visible en cada portal, capacidad real frente a plazas autorizadas y, en las comunidades que lo exigen, los requisitos técnicos del decreto.

Lo que la inspección de turismo no revisa es el parte de viajeros. Esa obligación es estatal, del Real Decreto 933/2021, y la vigila el Ministerio del Interior a través de SES.HOSPEDAJES, con su propio régimen de sanciones. En la práctica las dos vías se cruzan: una inspección que detecta actividad sin licencia suele acabar en una comprobación de partes, y a la inversa. Tener los partes enviados en plazo y el justificante de cada envío a mano es la parte de este riesgo que depende solo de ti, y es exactamente lo que RegistroViajero automatiza.

Si tu comunidad no aparece con cifras, el régimen de multas que le aplica sí está publicado, norma por norma, en alquilar sin licencia turística: multas por comunidad.

Preguntas frecuentes

¿Qué comunidad hace más inspecciones a pisos turísticos? La comunidad que hace más inspecciones a pisos turísticos no se puede determinar con los datos publicados, porque cada administración cuenta de forma distinta y varias no publican. Con las cifras disponibles, la administración con más inspecciones declaradas es el Ayuntamiento de Barcelona, con más de 8.500 en 2025, seguido del Consell de Mallorca, con 3.043 actuaciones en su campaña de verano de 2025, y del Principado de Asturias, con 2.622 inspecciones de viviendas turísticas acumuladas a finales de noviembre de 2025.

¿Cuánto dinero se recauda en multas a pisos turísticos en España? El dinero que se recauda en multas a pisos turísticos en España no se conoce, porque no existe una cifra estatal y la mayoría de las comunidades no publica lo recaudado. Las cifras publicadas son parciales: el Consell de Mallorca propuso 10,05 millones de euros en sanciones en 2025, la Comunidad de Madrid impuso unos 500.000 euros en 2024 y 2025 y Cantabria recaudó 150.000 euros en 2024.

¿Qué comunidades no publican datos de inspecciones a pisos turísticos? Las comunidades que no publican datos de inspecciones a pisos turísticos son, a 5 de septiembre de 2026, Canarias, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja. Todas tienen servicio de inspección y régimen sancionador, pero ninguna ha difundido un balance datable en 2024, 2025 o 2026.

¿Una vivienda de uso turístico cancelada del registro ha sido multada? Una vivienda de uso turístico cancelada del registro no ha sido necesariamente multada. La cancelación retira la inscripción, a petición del titular o de oficio cuando no cumple los requisitos, pero es un acto distinto del expediente sancionador. Las casi 10.600 cancelaciones de Andalucía y las 3.053 bajas de Madrid miden depuración del registro, no sanciones.

¿La inspección de turismo revisa los partes de viajeros? La inspección de turismo no revisa los partes de viajeros, porque el registro de viajeros es una obligación estatal del Real Decreto 933/2021 que vigila el Ministerio del Interior, no la consejería de turismo de la comunidad. En la práctica las dos comprobaciones se cruzan con frecuencia, así que conviene tener en orden la licencia y los partes a la vez.

Este artículo es informativo y no sustituye al asesoramiento jurídico profesional. Las cifras corresponden a los balances publicados por cada administración en la fecha indicada en cada fila y pueden haber sido actualizadas después.